Tecnología

Con un tercio de funcionarios trabajando en remoto, Madrid gestionó en 2020 un 61% más de expedientes electrónicos

A principios de año, el Gobierno de España anunció una inversión de 11.000 millones de euros para mejorar las competencias digitales de la población, digitalizar las pequeñas y medianas empresas e incidir en la transformación digital de la Administración.

No es una tarea fácil: el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional indica que el 43% de las personas entre 16 y 74 años en nuestro país “carece de competencias digitales básicas” y un 8% nunca ha utilizado internet.

En el terreno empresarial, las informaciones más recientes sugieren que tan solo el 14% de las empresas españolas tenía un plan de digitalización antes de la pandemia y, si bien la imposición del teletrabajo ha acelerado las cosas, todavía queda mucho que trabajar.

Puede que de las tres categorías, la transformación digital de la Administración sea la que más dominamos, pero aún falta camino: “Aunque es cierto que, según los datos que arroja el último Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI 2020) elaborado por la Comisión Europea, España se encuentra muy por encima de la media del conjunto de los países comunitarios en materia de servicios públicos digitales, resulta evidente que todavía tenemos mucho margen de mejora en este ámbito”, asegura Miguel Ángel García Martín, viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital de la Comunidad de Madrid.

Según dicho índice, España ocupa el segundo puesto en la Unión Europea en materia de servicios públicos digitales. Esta dimensión se compone de cinco indicadores: ‘Usuarios de administración electrónica’, ‘Formularios pre-cumplimentados’, ‘Compleción de servicios en línea’, ‘Servicios públicos digitales en empresas’ y ‘Datos abiertos’. Nuestro país mantiene la puntuación en todos ellos significativamente por encima de la media europea.

El informe también afirma que existe “un nivel alto de interacción en línea entre las autoridades públicas, los ciudadanos y las empresas”.

El mismo comunicado sobre la inversión en digitalización del Gobierno de España decía que para 2023 el 50% de los servicios públicos funcionarán en aplicaciones móviles. Cuando preguntamos al viceconsejero sobre si es un objetivo alcanzable, opina que dependerá “del tiempo y de los recursos que las distintas administraciones estén dispuestas a dedicar” para lograrlo.

Lo que sí parece evidente, prosigue García Martín, es que “existe una voluntad clara de avanzar en este sentido”. Por el momento, de esa partida de 11.000 millones de euros se destinarán 2.600 al Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas los próximos tres años.

A día de hoy, continúa diciendo el viceconsejero, es “indudable” que la crisis sanitaria “ha imprimido mucha velocidad” al proceso de digitalización emprendido por las administraciones públicas, aunque también “es una realidad que ha servido para poner de manifiesto los grandes retos a los que nos enfrentamos si de verdad queremos convertirnos en una administración completamente digital”, matiza.

La situación generada por la emergencia internacional ha supuesto un “incremento exponencial” de la utilización por parte de la ciudadanía de medios como el registro telemático -cuya capacidad se ha multiplicado por diez, según traslada García Martín- o del uso de la firma electrónica.

Durante el año 2020, expone, solo en la Comunidad de Madrid se han recibido más de 1.400.000 solicitudes electrónicas, lo que representa un incremento del 44% respecto al 2019. Asimismo, se han gestionado más de 425.000 expedientes electrónicos, lo que supone un incremento del 61% respecto a 2019; más de 725.000 notificaciones electrónicas, un 59% más; y más de 47.700.000 firmas electrónicas, es decir, un crecimiento del 8% con respecto al año anterior.

Sobre si el confinamiento ‘nos pilló’ sin los deberes hechos, el viceconsejero recuerda que la propia Isabel Díaz Ayuso introdujo en su discurso de investidura el objetivo de “hacer de Madrid la región mejor digitalizada de Europa”. “Y en eso hemos trabajado desde el primer día”, reitera García Martín, indicando que el Gobierno regional ya tenía recogidas en su hoja de ruta muchas de las medidas que se han ido implementando, “pero no cabe duda de que la declaración del Estado de Alarma nos obligó a pisar el acelerador y reorganizar el trabajo de los empleados públicos en un tiempo récord”, reconoce.

La meta era que pudieran continuar trabajando desde sus propios domicilios para lograr que la administración autonómica “continuara garantizando la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, en un momento en el que, además, eran más necesarios que nunca”.

Para hacer esto posible, el Gobierno regional ha adquirido y distribuido desde Madrid Digital más de 70.000 dispositivos, la mayoría de ellos ordenadores portátiles, y 170.000 licencias de herramientas colaborativas y de trabajo en remoto. Resulta relevante en este sentido el hecho de que, entre el mes de marzo y el mes de diciembre de 2020, los empleados públicos celebraron más de 175.000 vídeo-reuniones de trabajo.

También se han realizado acciones continuadas de formación en materias de competencias digitales. Desde el inicio de la crisis sanitaria estas acciones de formación han contado con más de 34.000 asistentes y se han enviado más de 380.000 comunicaciones con consejos para el buen uso y aprovechamiento de las soluciones para el teletrabajo.

Desde que comenzó la pandemia, 63.000 empleados públicos de la administración regional han trabajado en remoto, lo que supone uno de cada tres. Este porcentaje se eleva al 72% si se excluye a los trabajadores del ámbito sanitario para los que no existe otra alternativa que desarrollar sus funciones de manera presencial.

García Martín coincide en una máxima que suscriben todos los expertos del sector: que digitalizar la administración “no consiste en introducir tecnología en los procesos que ya existen”, sino en “reenfocar dichos procesos para hacerlos digitales desde el inicio aprovechando todas las posibilidades que la tecnología nos ofrece”. Por eso, cree que es “urgente” que se dedique “tiempo y recursos a analizar y reformular dichos procesos”.

“Los servicios digitales han de ser concebidos y diseñados con un enfoque orientado al ciudadano y a la eficacia del empleado público que los presta. Creemos que los ciudadanos tienen mucho que aportar porque, en definitiva, van a ser ellos los destinatarios finales de nuestras actuaciones”, añade.

Es por eso que el Centro de Innovación Digital ‘Digitaliza Madrid’ va a contar con un Citizen Lab, a través del cual los ciudadanos podrán trasladar su experiencia como usuarios en las distintas fases de desarrollo de los proyectos de la Comunidad.

También apremia “favorecer la capacitación digital tanto de los empleados públicos, como de la sociedad en su conjunto”, algo que según el viceconsejero de la Comunidad de Madrid “se constituye como una prioridad”. “Creo que resulta fundamental que las administraciones públicas nos impliquemos y facilitemos la adquisición de competencias digitales a todos los ciudadanos, empezando desde edades tempranas. En este sentido, en la Comunidad de Madrid, hemos sido pioneros al incluir la asignatura Tecnología, Programación y Robótica en el programa educativo de nuestros alumnos”, informa.

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